Si bien la acción de amparo fue concebida como un recurso excepcional, en materia de discapacidad se ha constituido paulatinamente en un camino cada vez más frecuente para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Aspiramos a cambios profundos, estructurales, si se quiere “culturales” en el Estado como en la sociedad en general, para que las personas con discapacidad puedan ejercer de manera plena, libre, autónoma y “pacífica” –sin que deban recurrir a la judicialización-, todos los derechos de los que son titulares.
