En los últimos años se han concretado diversos procesos de pase a planta de agentes el Estado de la provincia de Río Negro. Lo que en tériminos generales es un importante avance para los trabajadores estatales y para los indicadores de empleo, no lo es tal para el caso de las personas con discapacidad.
En la provincia de Río Negro impera desde hace dos años la Ley 5000, de cupos laborales para personas con discapacidad en el Estado provincial, alcanzando esta norma a los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados, autárquicos, empresas el Estado y concesionarios de servicios públicos.
Sin perjuicio de ello, desde los años 80, en que comenzaron a reconocerse y sistematizarse en normas los derechos de las personas con discapacidad, ha sido la inclusión laboral de esta población una de las obgligaciones principales del Estado, tanto en su rol de promotor y “creador” de condiciones para que se produzca la inclusión laboral, como en su rol más específico de empleadorde recursos humanos del más variado perfil.
Ahora bien, si tomamos como parámetro para evaluar el comportamiento del Estado en los últimos años, las políticas de promoción del empleo para el sector y la presencia de personas con discapacidad en las estadísticas de ingreso a la función pública y de pase a planta permanente de agentes, notaremos que la situación -en términos cualitativos y cuantitativos- dista de ser favorable.
Hagamos una lectura de los últimos procesos de pase a planta del Estado provincial
Como es de público conocimiento, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 4420/09, se está produciendo el ingreso a planta permanente del Poder Ejecutivo Provincial del personal contratado por este poder, en el marco y con las condiciones particulares establecidas en dicha norma.
Según datos oficiales, este proceso arrojó como resultado el ingreso a la Planta Permanente de 4.365 agentes, cifra más que importante y que representa algo más del 10% de la planta total del Estado Provincial.
Al respecto, queremos enunciar algunas consideraciones en relación a la inclusión laboral de personas con discapacidad:
Es sabido que en la Provincia de Río Negro no existe ley que imponga un cupo o “piso” de ingreso de personas con discapacidad.
La Administración Nacional, como la mayoría de las Provincias sí establecen un cupo, que en general es del 4% del total de la planta.
Si tomáramos como parámetro este 4%, sería razonable que sobre el total de 4.365 agentes que ingresaron a planta, 174 hubieran sido personas con discapacidad. Esto como un escenario “ideal”
Sin embargo, siguiendo siempre fuentes oficiales, el ingreso de personas con discapacidad a la planta permanente del Poder Ejecutivo en el marco de la Ley 4.420/2009 alcanzó las siguientes cifras:
En Viedma: 3 agentes
En General Roca: 1 agente
En Allen: 1 agente
Total Provincial 5 agentes
Las cifras son elocuentes y nos eximen de cualquier comentario.
Si bien el fenómeno del empleo es dinámico y en la actualidad el estado esgrime tasas de desempleo muy bajas, (por ejemplo en Viedma y zona ronda el 7%), siempre se ha sostenido que esta tasa de desempleo se incrementa sensiblemente cuando se trata de personas con discapacidad.
Los guarismos antes enunciados confirman, y de algún modo explican, este incremento de desocupación en el colectivo específico.
Creemos que esta realidad es incontrastable, muestra un manifiesto escenario de desigualdad rayano en la discriminación, y no admite demasiados argumentos.
Se impone de manera urgente el diseño e implementación de políticas públicas estructurales de carácter promocional, aún medidas de discriminación positiva, que compensen la desigualdad de oportunidades y de trato de que es objeto este colectivo.
Es deseable además que en el diseño de dichas políticas participen todos los actores involucrados y, especialmente, las personas con discapacidad y las organizaciones representativas del sector, conocedores cabales de la temática y portadores de innumerables ideas, propuestas y opiniones que hasta ahora han venido siendo soslayadas por los demás actores.
Yanina es Licenciada en Ciencia Política, integrante del equipo técnico de Fundación Nexos desde el año 2012.
