Acceso de personas con discapacidad al empleo en Río Negro

Existe desde hace años una vastísima normativa en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. También muchas organizaciones de diversos ámbitos que se dedican denodadamente a esta cuestión. Incluso desde el sector privada, a través de las “áreas de responsabilidad social empresaria” se enarbolan fuertes discursos inclusivos.

Sin embargo, las personas con discapacidad siguen siendo el colectivo con mayores índices de desocupación y subocupación en nuestro país y, en particular, en nuestra provincia.

Para formular un análisis sobre la situación en la materia en la Provincia de Río Negro, es necesario inicialmente establecer algunos parámetros cuantitativos que permitan conocer, aunque sea superficialmente, la situación general imperante.

Con esta breve pero importante información, tendrá el lector unos elementos de juicio mínimos para considerar, ahora sí, la cuestión específica de la escasa inserción del colectivo “Personas con Discapacidad” en el mercado de trabajo. Enunciemos brevemente esos parámetros:

En materia de empleo

En este sentido, surge espontáneamente la consideración de los datos generales de empleo emergentes de los análisis estadísticos conocidos. La Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), por ejemplo, respondiendo a criterios generales aceptados, arroja de manera periódica mediciones de empleo que varían dentro de un rango más o menos estandarizado.

En base a dicho instrumento estadístico, puede decirse hoy día que para el primer trimestre de 2011 en la Región Patagónica la tasa de desocupación alcanzó 7,1 puntos y la de subocupación ascendió a 4,7 puntos (EPDH 2011). El aglomerado relevado en la Provincia de Río Negro se sitúa, en ambas variables, un par de puntos por encima de esa media.

Esta información estadística responde al relevamiento sistematizado de los aglomerados urbanos predefinidos, observando altos estándares metodológicos, por lo que a priori asumimos su veracidad y objetividad.

En materia de población con discapacidad

Por otra parte, los organismos especializados en discapacidad, públicos y privados, nacionales, provinciales y locales, encuentran en el instrumento estadístico por excelencia en la materia (ENDI), que procede de la misma fuente (INDEC) y observa similares estándares metodológicos, la base de información para fundamentar sus políticas, planes y acciones.

Dicho instrumento muestra para la Región Patagónica una prevalencia de discapacidad de 7,4 puntos (es decir, entre 7 y 8 de cada 100 personas presentan alguna condición de discapacidad). La Provincia de Río Negro se sitúa dentro de esa media.

Y en materia de empleo / discapacidad ?

Los dos conjuntos de variables antes consignados – los de empleo y los de discapacidad – enunciadas cada cual en el contexto que les es más propio, no presentan mayores distorsiones ni características demasiado especiales si se los analiza retrospectivamente, o comparativamente en relación a otras regiones o incluso a otros países de la región continental.

Sin embargo, si se consideran ambas de manera vinculada y se analiza la fuerte incidencia recíproca que entre ellas se ejercen, el escenario comienza a tornarse preocupante.

Por tratarse el colectivo “Personas con Discapacidad” de un segmento poblacional de fuerte vulnerabilidad y atravesado, en general, por otras carencias o desventajas de corte socioeconómico, los indicadores negativos comienzan a manifestarse muy por encima de la media estadística.

El caso de los niveles de desocupación es el ejemplo más patente y preocupante de la afirmación precedente.

Operan a este respecto dos grupos de factores claramente definidos y de fuerte impacto negativo en las posibilidades laborales de las personas con discapacidad:

• Uno responde al comportamiento del mercado laboral frente a las personas con discapacidad.
• El otro responde al nivel de exclusión del sistema legal de promoción y protección, consecuencia del escaso nivel de certificación de discapacidad.

Respecto al primer grupo de factores, basta señalar que innumerables estimaciones estadísticas procedentes de las más variadas fuentes sitúan los niveles de desocupación de este colectivo específico en cifras que superan exponencialmente los valores generales de las mediciones

Tomando como fuentes al INDEC, la CONADIS, el SNR, la OIT y la OMS, se aprecian coincidencias en grandes variables que inciden directamente o indirectamente sobre la materia en nuestro País. Citaré ilustrativamente algunas de ellas:

• En uno de cada cinco hogares vive una persona con discapacidad.
• El 65% de estas personas adquirieron su discapacidad.
• El 39% de las personas con discapacidad no tiene cobertura por obra social o mutual alguna.
• El índice de desempleo se triplica cuando se trata de personas con discapacidad.
• Un 44% de las personas con discapacidad es jefe o jefa de hogar.
• El 47% de las personas con discapacidad no tiene el secundario terminado.

Para el caso de Río Negro, según investigaciones propias de Fundación Nexos, algunos indicadores son aún más negativos que la media nacional:

• El 48% de las personas con discapacidad no tiene cobertura por obra social o mutual alguna.
• La no terminalidad educativa del nivel secundario ronda el 55%
  (ambos indicadores sobre la base de personas certificadas).

En relación a la temática específica que nos ocupa, la tasa de desempleo abierta en la Provincia ronda el 30%, valor al que debe relacionarse por similar impacto negativo la cuestión del subempleo, y otros indicadores de desempleo.

En relación a la consideración y valoración que se hace sobre la temática en el propio mercado laboral, sobre todo en el sector demandante de trabajo, puede enunciarse a grandes rasgos que:

• Es alarmante la escasa predisposición a incorporar personas con discapacidad a las plantas de personal, tanto del sector privado como del público.
• Es notoria la desinformación respecto a la existencia de recursos, programas y dispositivos para fomentar y facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad

Esto obedece a múltiples factores con arraigo en las más diversas motivaciones.

Sumado a ello, aquellas personas con discapacidad que se encuentran ocupadas son a menudo objeto de situaciones desfavorables entre las que pueden mencionarse solo a modo de ejemplo:

• Resistencia de los empleadores a asegurar la readaptación y readecuación profesional a:
  • Las personas que, estando empleadas, adquieren discapacidad
  • Las personas cuyo nivel de independencia y competencias se ven disminuidas por razones vinculadas a la discapacidad.
• Inducción a la declaración de incapacidad laboral como salida más “práctica” a las situaciones de discapacidad en el trabajo.
• Denegación de la ejecución de ajustes razonables. Esta figura no tiene aún arraigo en general, y en el mundo del trabajo en particular
• Precarización de la relación laboral, el régimen remuneratorio y el régimen escalafonario.

Respecto al segundo grupo de factores, corresponde señalar que sobre las aproximadamente 45.000 personas con discapacidad que habría en Río Negro según la ENDI, 12.000 se encuentran certificadas en la actualidad.

Dicho de otro modo, el nivel de certificación en la Provincia ronda el 26%. Este nivel de certificación no es coyuntural, sino estructural, puesto que se ha mantenido prácticamente invariable durante los últimos diez años. En función de ello, se estima que en Río Negro alrededor de 33.000 personas no se encuentran certificadas.

Para decirlo sin eufemismos, el 74% de la población se encuentra fuera de sistema, invisibilizada, convertida en actor oculto de una realidad que en si misma configura una clara situación de exclusión, discriminación, desigualdad e incumplimiento de las normas.

Ahora bien, frente a estas cuestiones planteadas, cabe formularse algunos interrogantes:

• Se conoce que de las personas certificadas solo alcanzan el 30% del total estimado. ¿Las restantes personas (70%), engrosan la fila de desocupados? ¿Si es así, en qué medida? ¿Qué tasa debe aplicarse a una población que se desconoce?
• ¿A este grupo de personas históricamente “fuera de sistema”, cómo se lo incluye en los planes y programas de formación e inclusión laboral, siendo que estos se basan en el certificado como ineludible instrumento de acceso?
• ¿A los fines de caracterizar una población en cuanto a su inserción laboral, en qué medida es útil saber cuantas personas trabajaron una hora la semana pasada?
• ¿Es correcto considerar que una persona con discapacidad no quiere y/o no necesita trabajar porque durante cuatro semanas no buscó activamente trabajo?
• ¿Se tienen en cuenta las particularidades, las severas dificultades para buscar trabajo, y lo desalentador del proceso? Movilizarse y comunicarse en un contexto adverso, barreras físicas y comunicacionales por doquier, conducta discriminatoria que persiste en la mayoría de quienes seleccionan a los postulantes para un puesto, he aquí algunas de esas “particularidades”.

Ampliando el enfoque, puede afirmarse que existen severas dificultades en asumir la temática como transversal a todas las instituciones sociales, y en asumir roles activos y responsables en este sentido. En esta línea de razonamiento, se observan algunas características estructurales:

• Se considera la discapacidad casi con exclusividad desde la perspectiva del derecho humano, generalmente con un sesgo paternalista y asistencialista.
• No se enfoca la temática desde otras perspectivas, por ejemplo la perspectiva del desarrollo.
• Se observa claro predominio del principio de discrecionalidad sobre los de contribución y de ciudadanía en las políticas y programas dirigidos al sector. El tema discapacidad termina resultando “una carga” o una de las primeras opciones de ajuste, de postergación o de baja prioridad para la agenda.
• La persona con discapacidad no es entendida como un agente de desarrollo, real o potencial, como portador del “factor trabajo”.
• Existe una manifiesta falta de articulación interinstitucional y ausencia de dispositivos que ofrezcan a las personas una “línea” lógica de apoyo y acompañamiento a su desarrollo e inclusión.

* Claro ejemplo de ello es la temática de trabajo: Las personas que egresan de procesos rehabilitatorios o de procesos educativos (comunes o especiales) no disponen de dispositivos “continuadores” de esa línea en el orden laboral (por ej.: de inserción, reinserción, readaptación, formación, etc.), por lo que, una vez egresados de aquellos procesos, caen generalmente en situación de exclusión. Sabiendo que el trabajo es uno de los principales inclusores e integradores sociales, las consecuencias de la falta planteada resultan nefastas.

• En relación a la población objetivo propiamente dicha, se observan múltiples factores. De entre los tantos observados, destacamos dos factores:
  • Un bajísimo nivel de participación protagónica en la vida civil, en las estructuras y en los procesos de cambio social.
  • Una alarmante desinformación, producto de:
    • Escaso nivel de alfabetización observado en el colectivo.
    • Escaso nivel de acceso a la información.
    • Ausencia o déficit de campañas de difusión y de herramientas o dispositivos informativos.
    • Indiferencia de los medios de comunicación en general respecto de la temática.

Corresponde señalar enfáticamente que la realidad descripta no es imputable exclusivamente al Estado. La precariedad referida se manifiesta a nivel de sociedad, y redunda en permanentes situaciones de discriminación, de exclusión o, en el mejor de los casos, de la llamada “inclusión desigual” que conlleva la idea de “categorías de ciudadanos”.

La respuesta a los muchos interrogantes respecto a la problemática planteada se encuentra en el seno de la sociedad en su conjunto, y requiere de la urgente implementación y ejecución de planes, programas, dispositivos superadores de la situación actual imperante y que involucren a todos los estamentos públicos y privados.