Mercado de trabajo inclusivo?

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Mediante algunos datos e ideas, intentamos llamar a la reflexión acerca del derecho al trabajo y a la verdadera igualdad de oportunidades, que debe ser propiciada fuertemente por el Estado a través de políticas públicas estructurales e integrales.


Lic. Adriana Chercoverchercoveradriana
Directora Técnica
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Es sabido que el colectivo de personas con discapacidad debe soportar severas dificultades a la hora de aspirar a un puesto de trabajo en el mercado laboral convencional o “competitivo”. Más aún, el mercado de trabajo es, en general, refractario a las nociones de diversidad funcional y de accesibilidad universal, por lo que la dificultad se extiende a todos aquellos que estamos más o menos lejos de una “media” o “norma” impuesta por el propio mercado.


A modo de enunciado

 

Si hacemos un recorrido histórico en cuanto a la concepción de la discapacidad y al trato que las personas con discapacidad han recibido, veremos que han sido y aún siguen siendo en la actualidad, aunque en menor medida, motivo de estigmatización, segregación, rechazo y exclusión por parte de la sociedad.

Los atributos y medidas por las cuales las personas se encuentran incluidas o excluidas de un medio social son establecidos por la sociedad en su conjunto mediante diferentes parámetros. Todo aquel que presente características diferentes a estos estereotipos socialmente aceptados, es estigmatizado quedando por fuera del conjunto social y viendo seriamente disminuidas sus posibilidades de desarrollo integral, social, laboral.

Estigma NO Chico

En orden a esta lógica de los “atributos”, la concepción biomédica, que en muchos aspectos aún sigue vigente en grandes sectores de nuestra sociedad, establece una relación causal y lineal entre la enfermedad y sus consecuencias. En este sentido, se pone entonces al déficit como un atributo propio de la persona, sin considerar la influencia de otros factores, como son los factores sociales, ambientales, que son claves en la ocurrencia y abordaje de la discapacidad.

Es a partir de dicha concepción, o de otras igualmente sesgadas, que las personas con discapacidad han sido históricamente privadas o limitadas en su derecho a la igualdad de oportunidades de acceso a derechos/servicios fundamentales como son la salud, la educación, el empleo, entre otros.

A partir de los años 40 la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instituciones, han venido liderando, cada vez con mayor énfasis, el compromiso sistemático por la visibilización y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, mediante diversos acuerdos e instrumentos normativos que instan a los Estados parte a fortalecer su propio marco normativo y, en consecuencia, fortalecer la vigencia y la calidad del estado de derecho democrático y participativo.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008, se constituye en un instrumento que asume la discapacidad desde una concepción social. Ya no se hace referencia a una tragedia personal ni a un atributo que anula a la persona, sino a algunas condiciones resultantes de la interacción entre la persona y el ambiente. En todo caso, sería responsabilidad de la sociedad propiciar junto a la persona con discapacidad su participación en los diferentes ámbitos de desarrollo.

Esta norma, en relación a la responsabilidad de los Estados Parte, impone a estos la obligatoriedad de implementar, sostener y monitorear políticas públicas tendientes a cumplir y hacer cumplir los principios fundamentales que con singular claridad y fuerza emergen de la misma.

Sin embargo, hay una brecha enorme entre el marco declarativo y su aplicación real, que no permite a las personas con discapacidad visibilizarse totalmente como se pretende dentro de un contexto democrático e inclusivo.

 

Y en materia de trabajo, qué?

Tal como planteaba más arriba, la sociedad en general y las personas en particular debemos propiciar los diferentes ámbitos de desarrollo del ser humano. Uno de esos ámbitos es el laboral.

Sabemos que la inclusión laboral es una de las metas de mayor expectativa de todo ser humano, más aún después de una formación educativa determinada. Sin embargo, cuando las respuestas del mercado laboral son mínimas o hay escasa o nula oferta de empleo, quienes mayores dificultades tienen para el acceso a un empleo digno son los jóvenes y adultos que presentan algún tipo de discapacidad. Cuando se trata de mujeres, la desalentadora realidad antes mencionada recrudece.

En respuesta a esta situación el Estado generalmente establece políticas de fomento del empleo, políticas “especiales” para personas con discapacidad, como medidas de protección de los derechos que toda persona tiene de participación en el mercado laboral.

Ahora bien, en función de experiencias propias cosechadas y de lecturas y análisis sobre multiples casos, puede afirmarse que estas políticas inclusivas presentan a veces efectos no deseados, contribuyendo en muchos casos al afianzamiento de la estigmatización y a lo que en ciencia política los estudiosos llaman “inclusión desigual”.

Sin perjuicio de esto último, es una realidad que el colectivo de personas con discapacidad generalmente se ve obligado a optar por los programas públicos de promoción y fomento del empleo como única alternativa a su alcance. En estos programas las personas estan contenidas de manera paliativa y transitoria.

El mercado de trabajo REAL presenta reglas de juego muy adversas para las personas con discapacidad, el sector empresario en el mejor de los casos es indiferente a la temática y, como mencionaba más arriba, en muchos casos es lisa y llanamente refractario a la posibilidad de inclusión laboral de personas con discapacidad.

La remanida idea de “Responsabilidad Social Empresaria”, tan de moda en estos últimos años, por ahora es muy poco más que un slogan “marketinero” al cual conviene suscribir para no quedar por fuera de las tendencias que marca dicha moda, pero que no implica en el empresario una real responsabilidad y una actitud efectiva y proactiva (decisión empresaria y afectación de recursos) en cuanto a la cuestión de las prácticas inclusivas, accesibles y, por ende, socialmente responsables.

Ante esta situación imperante, los programas públicos de fomento del empleo aparecen como (casi) la única alternativa y es aun una cuestión pendiente de verificar, la verdadera efectividad de dichos programas. En principio, los mismos plantean medidas paliativas y/o complementarias a lo que sería una verdadera inclusión en el mercado de trabajo.

Los programas de entrenamiento, práctica, capacitación y fomento del autoempleo generan seguramente mejores condiciones de empleabilidad en las personas, pero distan de ser el estímulo suficiente para que el mercado laboral reaccione positivamente.

En relación a los programas específicos de inserción laboral, basados en la promoción de menores costos para el empleador, los mismos no han presentado resultados cuantitativamente considerables y, a pesar de ser objetivamente atratctivos, y hasta convenientes, para el empleador, estan marcados por una carga burocrática y “técnica” que verdaderamente desalientan el interés del empresario.

Corresponde señalar a esta altura que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prescribe de manera categórica que solo cuando hay Trabajo Digno, habrá verdadera inclusión laboral.

De acuerdo con este organismo, el trabajo digno condensa las aspiraciones de todo ser humano respecto a su faceta productiva, considerando un acceso a un trabajo productivo adecuadamente remunerado, con la seguridad correspondiente, la protección social a la familia, las condiciones para el desarrollo personal, la libertad de expresión, la organización y participación en las decisiones en el marco del trabajo, y plantea la igualdad de oportunidades, en particular a hombres y mujeres.

En rigor, queda claramente establecido el principio de que el trabajo es una de las más importantes fuentes de dignidad de la persona.

También señala la OIT que el esfuerzo por promover el trabajo digno debe ser una tarea compartida por el estado, la sociedad civil y los individuos. Trabajar es, además, uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución Nacional.

 

Entonces, qué se puede hacer?

Si pensamos entonces en el trabajo como factor inclusivo, integrador social y, en definitiva, diginificante de las personas, se impone la necesidad de repensar, replantear y reformular algunas acciones, prácticas, políticas, para atacar estructuralmente la situación que se verifica en la actualidad, y producir cambios efectivos y sustentables.

Deberá trabajarse en profundidad en promover de manera efectiva la posibilidad de que las personas consigamos independencia y reconocimiento social como sujetos activos capaces de desarrollar un proyecto de vida propio en el que se ponen en juego los valores, actitudes y aptitudes personales.

Si hablamos (a veceAficheDiversidad FuncionalChicos vociferamos) acerca de organizaciones inclusivas y de inclusión laboral, deberemos poner en práctica, con nuestro compromiso individual y colectivo, acciones y actitudes que respeten y valoricen la diversidad humana y fortalezcan la aceptación de las diferencias individuales. Observando y practicando estas premisas es que aprenderemos a convivir, y construir juntos un mundo de oportunidades reales (no obligatoriamente iguales) para todos.

Ello deberá necesariamente estar complementado por un accionar estatal que no eluda la cuestión de fondo, que radica en operar fuertemente sobre el mercado de trabajo y no pensar unicamente en dispositivos de inclusión (desigual?) basados en la persona y en sus dificultades, condicionantes, discapacidades.

Deberán pensarse e implementarse dispositivos que encaren firmemente la cuestión de fondo, es decir lograr verdaderos cambios en el mercado de trabajo que permitan una real y efectiva igualdad de oportunidades y una verdadera accesibilidad universal. Se trata de ir abandonando paulatinamente las medidas de “protección” y de “ayuda a los más necesitados”, para ir derivando en políticas de promoción del empleo y de prenvención y sanción de las prácticas discriminatorias, excluyentes, precarizantes.

Hay mucho camino por recorrer. La capacidad de propuesta y de trabajo de las personas y organizaciones relacionadas con la discapacidad y la diversidad está intacta. Esperamos poder transitar ese camino...